El Gobierno impulsa una reforma que busca reforzar los derechos de los propietarios. La iniciativa incluye desalojos más rápidos y menos trabas legales. Esto marca un cambio respecto al sistema actual, considerado lento.

Uno de los puntos más relevantes es la reducción de los tiempos para actuar ante falta de pago. Se contempla acortar los plazos de intimación y habilitar procesos judiciales más directos. En algunos casos, el objetivo es resolver conflictos en pocos días.

El proyecto también genera preocupación en sectores de inquilinos. Advierten que la rapidez de los desalojos podría afectar derechos básicos. Por eso, el debate incluye fuertes posiciones encontradas.