El Gobierno avanzó con la eliminación del Instituto Nacional de Alimentos, modificando la estructura del sistema de control alimentario en el país. La iniciativa implica trasladar sus funciones a otros organismos estatales. La decisión forma parte de una política de reorganización institucional.

Las tareas vinculadas a la regulación, fiscalización y actualización normativa pasarán a depender de organismos como la ANMAT y el SENASA. Ambos cuentan con equipos técnicos y experiencia en el control sanitario y productivo. La centralización busca agilizar procesos y reducir instancias burocráticas.

Desde el oficialismo sostienen que la medida no afectará la calidad ni la seguridad de los alimentos. Plantean que el nuevo esquema permitirá respuestas más rápidas frente a cambios científicos y productivos. No obstante, sectores críticos advierten sobre la posible concentración de funciones y la pérdida de instancias de control independientes.