El Ejecutivo reglamentó el sistema que transforma el pago de indemnizaciones en un esquema financiado previamente. Las empresas deberán realizar aportes periódicos a un fondo destinado a afrontar desvinculaciones. Esto reduce el impacto inmediato de los despidos en las finanzas empresariales.

Los fondos serán administrados por entidades autorizadas y deberán cumplir condiciones de seguridad y disponibilidad. Se establecen mecanismos de control para asegurar que el dinero acumulado alcance en distintos escenarios económicos. El modelo introduce una lógica similar a un seguro frente al despido.

La normativa también redefine el cálculo indemnizatorio, limitándolo al salario mensual normal. De esta manera, se simplifica el sistema y se reducen los costos asociados. El cambio forma parte de una transformación más amplia del régimen laboral.