El diputado Maximiliano Ferraro denunció que existirían pagos adicionales a funcionarios mediante esquemas no registrados. De acuerdo a su planteo, estos sobresueldos estarían vinculados a transferencias en criptomonedas. La denuncia apunta a posibles maniobras para evitar controles sobre el gasto público.

El legislador remarcó que este tipo de operaciones dificulta el seguimiento del dinero. Por eso, pidió que se esclarezca el origen y destino de los fondos involucrados. También reclamó mayor intervención de los organismos de auditoría del Estado.

El Gobierno negó las acusaciones y sostuvo que los pagos se realizan dentro del marco legal vigente. Funcionarios señalaron que no hay evidencia que respalde las denuncias. Sin embargo, la polémica abrió un nuevo frente de discusión política.