El Ejecutivo presentó un proyecto para modificar la legislación de salud mental vigente, introduciendo cambios en criterios de atención y procedimientos. Entre los puntos centrales se destacan nuevas regulaciones sobre internaciones y el rol de las instituciones. La propuesta apunta a redefinir el funcionamiento del sistema.

Según fuentes oficiales, la iniciativa busca corregir limitaciones detectadas en la aplicación de la ley actual. El Gobierno considera que es necesario ampliar las herramientas disponibles para abordar distintas situaciones. A su vez, plantea fortalecer la intervención estatal en casos críticos.

La propuesta generó reacciones diversas entre profesionales y organizaciones del sector. Algunos advierten sobre riesgos en términos de derechos y autonomía de los pacientes. Otros, en cambio, consideran que abre una discusión necesaria sobre el sistema de salud mental.