El Gobierno apeló a la Corte Suprema con un recurso extraordinario. El objetivo es frenar la ley de financiamiento universitario. La presentación busca evitar su cumplimiento inmediato.

El oficialismo cuestiona la constitucionalidad de la norma. Señala que el Congreso no definió el financiamiento correspondiente. También advierte sobre el impacto en las cuentas públicas.

Mientras tanto, crece la tensión con las universidades. El sector reclama mayor presupuesto y recursos. La decisión final quedará en manos del máximo tribunal.