El Instituto Nacional de Tecnología Industrial quedó en el centro de una nueva medida de ajuste luego de que el Gobierno resolviera dar de baja más de 900 servicios. La decisión forma parte de una política de reorganización del Estado impulsada por la gestión nacional.

Las autoridades argumentan que el recorte responde a la necesidad de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, eliminando funciones que consideran redundantes o con escasa utilización. En esa línea, plantean que algunas tareas pueden ser absorbidas por el sector privado.

Desde el interior del organismo, en cambio, advierten que la reducción afecta capacidades técnicas acumuladas durante años. También remarcan que el INTI cumple un rol fundamental en el desarrollo industrial, especialmente en sectores que no cuentan con alternativas privadas accesibles.