En un mismo día, Estados Unidos y Brasil ofrecieron dos imágenes contrapuestas pero igualmente significativas de cómo los gobiernos pueden administrar la política en medio de crisis institucionales y tensiones económicas.
Mientras en Washington demócratas y republicanos alcanzaron un acuerdo de último momento para evitar el cierre del gobierno federal (“shutdown”), en Brasilia el Congreso aprobó una reforma impositiva impulsada por Luiz Inácio Lula da Silva que exime del impuesto a la renta a los trabajadores que ganen hasta 2,8 salarios mínimos mensuales, equivalente a unos R$ 3.800 (alrededor de 650 dólares).

Estados Unidos: acuerdo bipartidista para mantener el gobierno en marcha

El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confirmaron el lunes un acuerdo presupuestario temporal que garantiza la financiación del Gobierno federal hasta fin de año. El pacto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y evita la suspensión de servicios públicos, el cierre de parques nacionales y el congelamiento de salarios a más de 1,5 millones de empleados federales.

El acuerdo bipartidista, valuado en 1,6 billones de dólares, incluye partidas para defensa, programas sociales y ayuda exterior, y representa un gesto de cooperación en medio de una campaña electoral cada vez más polarizada. Biden calificó el resultado como “una señal de responsabilidad institucional”, mientras que los líderes republicanos subrayaron que lograron “recortes selectivos sin comprometer el funcionamiento del Estado”.

En la práctica, el consenso despeja la amenaza de una nueva parálisis del aparato federal, un fantasma recurrente en la política norteamericana: en los últimos 40 años, el gobierno de EE.UU. se cerró en 10 ocasiones por falta de acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo, con pérdidas económicas estimadas en más de 10.000 millones de dólares por cada episodio.

Brasil: alivio fiscal para los trabajadores de menores ingresos

En paralelo, el Congreso brasileño sancionó la reforma tributaria propuesta por Lula da Silva, que eleva el umbral de ingresos exento del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a R$ 2.824 mensuales, aproximadamente 2,8 salarios mínimos. La medida beneficiará a más de 15 millones de trabajadores, que dejarán de tributar sobre su salario mensual.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, explicó que la exención será compensada con impuestos progresivos sobre grandes patrimonios y dividendos empresariales, de modo que la reforma no implique pérdida neta de recaudación. Según cálculos del propio Ministerio, el costo fiscal estimado ronda los R$ 7.000 millones anuales (unos 1.200 millones de dólares), cifra que se absorberá mediante una mayor eficiencia tributaria y ajustes en beneficios a altos ingresos.

Lula presentó la iniciativa como parte de su compromiso electoral de “poner a los pobres en el presupuesto y a los ricos en el impuesto”, una frase que resume la orientación redistributiva de su gestión. El texto obtuvo amplio respaldo en ambas cámaras —56 votos a favor y 24 en contra en el Senado—, evidenciando la capacidad del gobierno brasileño de articular mayorías en torno a objetivos sociales concretos, incluso con sectores de la oposición.

Argentina: entre la fragmentación y la búsqueda de consensos

Mientras tanto, en Argentina el panorama es más incierto. El Gobierno de Javier Milei prepara la apertura de sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026 en diciembre y un paquete de reformas estructurales —laboral, previsional, fiscal y política— en febrero.
Sin embargo, las negociaciones con los gobernadores y los bloques provinciales se anticipan complejas. La Casa Rosada necesita mayorías calificadas para aprobar leyes clave en un Congreso donde La Libertad Avanza es minoría propia (con 40 diputados y 7 senadores). Las tensiones internas y la resistencia de algunos aliados del PRO reflejan las dificultades de un oficialismo que busca construir gobernabilidad sin ceder en su discurso de confrontación.

El contraste con los casos de Estados Unidos y Brasil resulta evidente: mientras las principales potencias del continente fortalecen el diálogo institucional como herramienta de estabilidad, la Argentina continúa atrapada en una lógica de polarización política permanente.

🔍 Una lección regional

Tanto en Washington como en Brasilia, los acuerdos recientes reflejan una apuesta por el equilibrio entre política y economía, mostrando que la negociación —y no el dogma— sigue siendo la herramienta más efectiva para sostener la gobernabilidad.
En ambos casos, los líderes entendieron que sin consensos mínimos no hay estabilidad posible. En la Argentina, en cambio, la falta de acuerdos amenaza con volver frágil cualquier plan de largo plazo, por más ambicioso que sea en el papel.

La lección es clara: la estabilidad no depende sólo de los números fiscales, sino de la capacidad política para dialogar y construir acuerdos sostenibles. La región observa cómo Estados Unidos y Brasil convierten la negociación en fortaleza, mientras la Argentina encara el desafío de que sus propios consensos no se conviertan en su talón de Aquiles.