La Cámara de Diputados de la Nación comenzó este jueves a tratar la reforma laboral impulsada por el Gobierno en una sesión marcada por una fuerte tensión política y social, mientras una huelga general convocada por la CGT paraliza amplios sectores del país. El paro de 24 horas coincide con la discusión del proyecto que busca modernizar el marco laboral, luego de haber obtenido media sanción en el Senado.
Desde las 14 horas, el recinto de la Cámara Baja debate los principales artículos del texto tras la eliminación de una cláusula polémica sobre licencias médicas para asegurar mayor apoyo entre los bloques aliados al oficialismo.
La medida de fuerza decretada por la CGT tiene impacto directo en el transporte público, administración estatal, bancos y otros servicios esenciales, profundizando el clima de conflicto durante la sesión parlamentaria.
Legisladores oficialistas insisten en que las modificaciones son necesarias para modernizar el empleo y atraer inversiones, mientras la oposición y sectores sindicales advierten que la reforma erosiona derechos laborales básicos. El resultado de la votación será clave para el futuro inmediato del proyecto.
El paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral afectó a millones de usuarios en todo el país, con servicios de transporte limitados, bancos sin atención y fuerte reducción en oficinas públicas. La huelga fue convocada tras la aprobación de la reforma impulsada por el oficialismo y tuvo su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
En el caso del transporte, hubo interrupciones parciales en trenes y subtes, mientras que los colectivos funcionaron con frecuencia reducida según la línea. También se registraron cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en aeropuertos.
La actividad bancaria fue otra de las más afectadas, con sucursales cerradas y operaciones limitadas a canales digitales. En la administración pública, la adhesión varió según jurisdicción.
La CGT calificó la jornada como “contundente” y advirtió que podría profundizar el plan de lucha si el Gobierno no revisa la normativa. Desde el Ejecutivo minimizaron el alcance y ratificaron el rumbo económico.






