Uno de los puntos más relevantes de la reforma laboral aprobada en el Senado es la modificación del esquema de indemnizaciones. El nuevo régimen habilita a las empresas a pagar los montos por despido en cuotas: hasta 12 en el caso de grandes compañías y hasta 18 para pymes. La decisión podrá tomarla el empleador, sin necesidad de acuerdo con el trabajador.

Además, el cálculo indemnizatorio excluirá bonos y premios, lo que podría impactar especialmente en grandes empresas donde estos conceptos suelen formar parte del salario. En las pymes, donde estos adicionales son menos frecuentes, el efecto sería más limitado.

La reforma también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a cubrir indemnizaciones mediante aportes mensuales. En términos generales, se establece una contribución obligatoria del 3% sobre las remuneraciones base, que será canalizada a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y podrá ser administrada bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El objetivo oficial es dar previsibilidad y reducir el costo inmediato del despido para fomentar la formalización del empleo. Sin embargo, especialistas advierten que el impacto podría ser desigual: mientras una gran empresa acumularía rápidamente recursos en el fondo, una pyme con pocos empleados podría tardar mucho más en reunir el monto necesario para afrontar una desvinculación.