Otro capítulo central del proyecto es la ampliación de actividades consideradas “servicios esenciales” o “de importancia trascendental”. Esta redefinición limitaría la posibilidad de huelga en más sectores y habilitaría descuentos salariales por participación en asambleas.

La iniciativa también modifica el principio de “ultraactividad”, que hoy permite que un convenio colectivo siga vigente aun después de su vencimiento hasta que se negocie uno nuevo. Con el cambio, los acuerdos podrían caer si no se renuevan en determinado plazo.

Desde el oficialismo sostienen que estas medidas buscan evitar parálisis productivas prolongadas y modernizar la negociación colectiva. En cambio, los gremios denuncian que se trata de una restricción indirecta al derecho constitucional de huelga.

El debate promete ser uno de los más intensos en el recinto, ya que toca el núcleo de la relación entre sindicatos, empleadores y Estado.