Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la habilitación para que agentes de la SIDE aprehendan personas en casos de flagrancia. Para los diputados que impulsaron el amparo, esa atribución invade el ámbito penal, una competencia que la Constitución reserva al Congreso.

El recurso sostiene que el Ejecutivo no puede legislar por decreto en materia penal y que la norma introduce un riesgo grave de discrecionalidad y abuso de poder. El argumento apunta a proteger garantías básicas y el debido proceso.

Desde la oposición advierten que, de no frenarse, el decreto sentará un precedente institucional delicado en relación con el uso de los servicios de inteligencia.