La modificación del sistema de inteligencia impulsada por el presidente Javier Milei abrió un fuerte debate político e institucional. El decreto no sólo reposiciona a la SIDE como organismo rector del sistema, sino que amplía sus facultades operativas y redefine los límites entre inteligencia, seguridad interior y defensa.

Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de que agentes de inteligencia realicen detenciones en situaciones de flagrancia y articulen acciones con las Fuerzas Armadas. Especialistas y dirigentes opositores advierten que estas atribuciones desdibujan los controles democráticos y podrían habilitar abusos, especialmente al otorgar carácter encubierto a la totalidad de las actividades del organismo.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca modernizar el sistema, adaptarlo a las nuevas amenazas y mejorar la coordinación estatal frente a delitos complejos y riesgos digitales. Sin embargo, el alcance del decreto y la falta de debate parlamentario anticipan un escenario de judicialización y conflicto político en los próximos meses.