La reforma impulsada por el Ejecutivo reavivó críticas de científicos y organizaciones ambientales, que alertan sobre los riesgos para las reservas estratégicas de agua.

El envío al Congreso del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares reabrió uno de los debates ambientales más sensibles de la agenda pública. La iniciativa del Gobierno propone modificar los criterios de protección del ambiente glaciar y periglacial, con el argumento de corregir distorsiones normativas y fortalecer el federalismo.

Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientalistas, que recuerdan que la ley vigente fue fruto de un amplio consenso social y científico. Además, destacan que su constitucionalidad fue ratificada en 2019 por la Corte Suprema de Justicia, que priorizó los derechos colectivos —como el acceso al agua— por sobre intereses económicos individuales.

Científicos advierten que los glaciares y los ambientes periglaciares cumplen un rol clave como reservas estratégicas de agua dulce, especialmente en un contexto de cambio climático. Alertan sobre la reducción de caudales, la degradación del permafrost y el aumento de riesgos aluvionales en regiones cordilleranas.

El Poder Ejecutivo solicitó un tratamiento rápido del proyecto y aseguró que el debate legislativo deberá contemplar mecanismos de participación ciudadana. La discusión se perfila como uno de los ejes más sensibles del cierre del año parlamentario, al cruzar intereses ambientales, productivos y políticos.