La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo del Gobierno nacional y dejó firme la orden judicial que obliga al Ministerio de Capital Humano a informar qué piensa hacer con los alimentos almacenados para comedores comunitarios. El recurso había sido presentado por la entonces subsecretaria Legal, Leila Gianni, que buscaba revertir una decisión de la Cámara Contencioso Administrativa que exigía un plan detallado de distribución. El máximo tribunal declaró “inadmisible” la queja y, con eso, cerró la vía para frenar la intervención judicial en el tema.

En la práctica, el fallo no ordena de manera directa que los productos salgan de los depósitos mañana mismo, pero sí obliga al ministerio que encabeza Sandra Pettovello a presentar información precisa: cuánto stock hay, dónde está guardado, a qué organizaciones está destinado y en qué plazos se prevé su entrega. La discusión venía escalando desde hace meses, cuando organizaciones sociales y comedores denunciaron que había alimentos guardados mientras crecía la demanda en barrios populares.

Gianni había argumentado que la resolución judicial significaba una intromisión del Poder Judicial en facultades propias del Ejecutivo, en particular sobre cómo administra sus políticas sociales. Pero la Corte dejó claro que, ante la sospecha de incumplimientos y la falta de información transparente, los jueces pueden exigirle al Estado que rinda cuentas. El mensaje, en el fondo, es que el Gobierno tiene margen para definir su política alimentaria, pero no para manejarla sin controles.

El fallo agrega presión política sobre una de las áreas más sensibles del gabinete. Mientras en los barrios se sostienen con donaciones, ollas populares y redes de solidaridad, ahora el Gobierno deberá explicar con datos en la mano qué hará con los alimentos retenidos. La pelota queda del lado de Capital Humano: cuanto más rápido y claro sea el plan, menor será el costo social de una discusión que toca el corazón mismo de la emergencia alimentaria.