La Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a poner en primer plano la fragilidad del sistema de transporte urbano. El gremio de los choferes advirtió que paralizaría los servicios de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires si las empresas pagaban los sueldos de noviembre en cuotas, tal como le habían anticipado al Gobierno las cámaras del sector. Ante la amenaza de un paro que podía dejar a millones de personas sin colectivos, la Casa Rosada reaccionó con un aumento de los subsidios para noviembre y diciembre.

Gracias a ese refuerzo de fondos, la mayoría de las líneas llegó a un principio de acuerdo y decidió normalizar gradualmente los servicios. Sin embargo, algunas empresas no completaron el pago de los salarios y arrancaron la jornada con “abstención de tareas”, afectando a barrios que dependen casi exclusivamente del colectivo para ir a trabajar o estudiar. Desde el sindicato fueron claros: “Si aparece la plata, salimos a trabajar”.

El salario básico de un chofer inicial en el AMBA ronda el 1,14 millón de pesos, según el último acuerdo paritario firmado en octubre. En un escenario de inflación alta, los gremios señalan que el atraso en el pago del sueldo y, sobre todo, la posibilidad de fraccionar el aguinaldo, significan un golpe directo al bolsillo. Las empresas, por su parte, argumentan que los costos –combustible, repuestos, mantenimiento– aumentan más rápido que las tarifas y que dependen cada vez más de los subsidios para pagar a tiempo.

La historia no termina con el sueldo de noviembre: la misma advertencia de la UTA corre ahora para el pago del aguinaldo. Si los depósitos no se hacen en tiempo y forma, el gremio ya avisó que podría repetir la medida de fuerza. De fondo, lo que se discute es la sustentabilidad del esquema de subsidios, la actualización de tarifas y la calidad de un servicio que es clave para millones de usuarios. Mientras tanto, cada amenaza de paro se traduce en incertidumbre para quienes dependen del colectivo para organizar la vida cotidiana.