El Gobierno oficializó un nuevo salario mínimo de $334.800, decisión que tomó en soledad tras la falta de consenso entre empresarios y gremios. La mesa de negociación había quedado estancada luego de que el sector empleador propusiera un aumento de $4.000 y el sindicalismo lo rechazara por considerarlo irrisorio. Finalmente, el Ejecutivo elevó el monto apenas $12.000, desatando críticas de todos los sectores gremiales.

La CGT expresó que el incremento es “insuficiente” y que “no cubre ni mínimamente las necesidades básicas” de los trabajadores. La central sindical también advirtió que la actualización interanual prevista —un 17% para agosto— está por debajo de cualquier proyección de inflación. Para los gremios, el deterioro del salario mínimo se profundiza mes a mes.

La discusión tiene impacto más allá del trabajo registrado. El salario mínimo es una referencia clave para programas sociales, sectores informales y empleadas domésticas, por lo que su rezago repercute en los ingresos de millones de personas. Diversas organizaciones remarcaron que, con los valores actuales, es imposible acercarse al costo de la canasta básica.

En este marco, la CGT insistió en abrir una nueva instancia de diálogo y reclamó una política que recupere el poder adquisitivo. El Gobierno, por ahora, no adelantó nuevas convocatorias y defendió la medida como un intento por “dar previsibilidad”, aunque sin respaldo sindical.