El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal, con un esquema que endurece las sanciones para delitos graves como homicidio, robo, narcotráfico, abuso infantil, trata de personas y casos de tránsito con conducción imprudente.

La reforma implica, entre otras cosas, elevar los mínimos y máximos de las condenas: por ejemplo, el homicidio simple pasaría a tener una pena máxima de 30 años (en lugar de 25), y los homicidios agravados —en los casos más graves— continuarían con prisión perpetua, ahora sin límite temporal (es decir, cárcel “de por vida”).

Además, muchos de los delitos más repudiados —como abuso sexual o homicidio agravado— dejarían de prescribir, lo que para el Gobierno representa una señal de que “el que las hace, las paga”.

Según los impulsores del proyecto, la reforma es parte de un giro respecto a lo que definen como una etapa de laxitud: se busca terminar con la “puerta giratoria” —esa percepción de impunidad resultado de penas leves, demoras, excarcelaciones o prescripciones— y recuperar la confianza ciudadana en el sistema penal.

Para justificar la medida, miembros del Ejecutivo —como la ahora ex-ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Justicia Sebastián Amerio— argumentaron que la reforma responde a “un mandato social” frente al aumento de los delitos graves, y que no puede existir impunidad cuando se trata de crímenes aberrantes o sistemáticos.

Si la iniciativa prospera, significará un cambio profundo en el régimen punitivo argentino: no sólo por los aumentos de penas, sino por la ampliación de figuras delictivas, penalizaciones más severas para la corrupción, y un énfasis en el cumplimiento real de condenas. Con esa apuesta —y con el reclamo ciudadano a cuestas— el Congreso enfrentará en los próximos meses uno de los debates más sensibles en materia de justicia desde hace décadas.