El Gobierno lanzó la segunda etapa del plan de privatización de rutas nacionales y abrió la licitación para transferir 1.800 kilómetros adicionales al sector privado, en un esquema que incluye nuevos peajes y concesiones a largo plazo.

La medida abarca tramos estratégicos como la Ruta 3, la 5, la 205, la 226 y la autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas, que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el interior bonaerense y La Pampa. Según la resolución oficial citada por Ámbito, se trata de la “Etapa II” del programa de concesiones viales, un esquema que el Ejecutivo reivindica como “sin subsidios” para mantenimiento y operación.

La licitación se suma a la “Etapa I”, adjudicada semanas atrás, que transfirió 741 kilómetros del corredor conocido como la “ruta del Mercosur” a dos grupos privados —entre ellos empresas vinculadas a Cartellone— según informó TN. Con este nuevo avance, más de 2.500 kilómetros de la red quedarán bajo gestión privada. La iniciativa establecida por el Gobierno prevé inversiones obligatorias en obras, mantenimiento, repavimentación y modernización de estaciones de cobro, aunque especialistas advierten que la capacidad real de ejecución dependerá de la rentabilidad efectiva en cada corredor.

Uno de los puntos más sensibles es el aumento de cabinas de peaje. Según iProfesional, la red licitada incorporará nueve nuevas estaciones adicionales a las existentes, especialmente sobre la Ruta 3, la 205, la 226 y la 5, donde se instalará un nuevo peaje en Lonquimay. Las empresas adjudicatarias también podrán explotar servicios comerciales complementarios, como paradores, estaciones de servicio y áreas logísticas. Aunque el Gobierno asegura que el esquema no demandará aportes públicos, los pliegos contemplan mecanismos de renegociación si la recaudación por peaje no alcanza para sostener las obras comprometidas, una cláusula que ya generó críticas de economistas y especialistas viales.

El proceso evoca debates de los años noventa. Letra P señaló que esta política de privatización vial reedita la lógica aplicada en el menemismo, aunque bajo una estructura jurídica distinta. Organizaciones de usuarios y sectores productivos plantean dudas sobre el impacto en costos logísticos, en especial para el transporte de carga que depende de estas rutas. A la vez, gobernadores y legisladores de zonas afectadas reclaman mayor claridad sobre tarifas, cronogramas de obras y niveles mínimos de servicio que deberán garantizar las concesionarias.

Mientras se esperan las ofertas técnicas y económicas de las empresas interesadas, el Gobierno sostiene que la privatización permitirá mejorar la calidad de la infraestructura y atraer inversiones en un contexto de ajuste fiscal. Sin embargo, el alcance real del plan y su impacto sobre los usuarios dependerán de las adjudicaciones finales y del cumplimiento efectivo de las obligaciones que asuman los futuros concesionarios.