Un informe reciente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advierte que América del Sur está experimentando un aumento de temperatura promedio superior al promedio global. Durante la última década, la región registró un incremento de 1,3 °C respecto de los niveles preindustriales, lo que coloca al Cono Sur entre las zonas más vulnerables a los eventos climáticos extremos.

En Argentina, los efectos se hacen visibles a través de una mayor frecuencia de sequías, inundaciones y olas de calor prolongadas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que 2025 se perfila como el año más cálido desde que existen registros, con un aumento sostenido de las temperaturas mínimas y una disminución en los niveles de precipitaciones en el centro y norte del país. Este escenario genera preocupación en sectores productivos como la agricultura y la ganadería.

El impacto sobre los recursos hídricos también es motivo de alerta. Un estudio del Instituto Nacional del Agua señaló que los principales ríos del país —entre ellos el Paraná y el Colorado— presentan caudales un 25% inferiores a su promedio histórico. Esta disminución no solo afecta el transporte fluvial y la generación hidroeléctrica, sino que además compromete el abastecimiento de agua potable para millones de personas.

La comunidad científica coincide en que la adaptación a este nuevo escenario requerirá inversiones sostenidas en infraestructura verde, eficiencia energética y gestión de recursos naturales. Según el Banco Mundial, América Latina necesitará destinar al menos el 1,5% de su PBI anual a políticas de mitigación y adaptación si pretende alcanzar los objetivos de reducción de emisiones establecidos en el Acuerdo de París.

En paralelo, gobiernos provinciales y locales han comenzado a implementar programas de resiliencia climática. En la Patagonia, por ejemplo, se están desarrollando proyectos de forestación y recuperación de humedales, mientras que en el noroeste argentino se promueven sistemas de riego inteligente y monitoreo satelital para optimizar el uso del agua en cultivos. Sin embargo, los expertos advierten que estas iniciativas aún resultan insuficientes frente a la magnitud del desafío.

El sector privado empieza a mostrar señales de compromiso, impulsado tanto por regulaciones internacionales como por la presión de los consumidores. Empresas agroindustriales y energéticas están incorporando métricas de huella de carbono y reportes de sostenibilidad, aunque el financiamiento verde sigue siendo limitado. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que solo el 7% del crédito regional se destina a proyectos ambientales de largo plazo.

Los especialistas concluyen que la región se encuentra en una etapa decisiva: o avanza hacia un modelo de desarrollo más sostenible y resiliente, o profundiza su vulnerabilidad frente al calentamiento global. La evidencia científica es clara: los próximos cinco años serán determinantes para definir el rumbo ambiental y económico de América del Sur en las próximas décadas.