El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de 2025. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), más del 42% de los hogares urbanos alquila, la cifra más alta en dos décadas. En el último año, los precios de los alquileres subieron un 185% promedio, muy por encima del aumento de salarios registrados, lo que llevó a miles de familias a destinar más del 45% de sus ingresos a pagar la renta mensual.

En las grandes ciudades, especialmente Buenos Aires, Rosario y Córdoba, la escasez de oferta y la alta demanda empujan los valores hacia niveles récord. El mercado inmobiliario se ajusta tras la derogación de la Ley de Alquileres, pero los contratos cortos, la dolarización de los valores y la informalidad siguen generando tensiones. Organizaciones de inquilinos denuncian abusos y falta de regulación efectiva, mientras que propietarios reclaman previsibilidad económica y menor carga impositiva.

El déficit habitacional estructural alcanza a más de 3,6 millones de hogares, de los cuales 1,2 millones necesitan una vivienda nueva. Los créditos hipotecarios siguen prácticamente paralizados por la inestabilidad financiera y la inflación. Programas como Procrear intentan reactivarse, pero con escaso alcance frente a la magnitud del problema. En muchos casos, las cooperativas y proyectos autogestivos se convierten en alternativas de acceso a la vivienda para sectores de ingresos medios y bajos.

En el conurbano bonaerense, el fenómeno de los alquileres informales y las construcciones precarias crece. El 12% de la población vive en villas o asentamientos, según el Registro Nacional de Barrios Populares. La falta de infraestructura básica y de títulos de propiedad agrava la situación social y sanitaria. El Estado intenta avanzar en la urbanización, pero los recursos asignados resultan insuficientes ante la expansión constante de la pobreza urbana.

El aumento del costo de vida y la caída del poder adquisitivo afectan también al mercado de materiales de construcción, que registró subas del 140% anual. Esto encarece tanto las obras privadas como los programas públicos. Las cámaras empresarias del sector piden incentivos fiscales y financiamiento para la construcción de viviendas accesibles, argumentando que podría dinamizar la economía y generar empleo formal.

La crisis habitacional se consolida así como un desafío estructural que trasciende gobiernos y coyunturas. Expertos coinciden en que se requiere una política de Estado sostenida, con planificación territorial, crédito accesible y control de alquileres. Sin una respuesta integral, el derecho a la vivienda continuará siendo una deuda pendiente en un país donde tener techo propio se ha vuelto un privilegio cada vez más distante.