El transporte público atraviesa un momento crítico en la Argentina, con subas tarifarias, conflictos gremiales y un servicio cada vez más deteriorado. En lo que va de 2025, el boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentó un 250%, mientras que en las provincias las subas superaron el 300%. Aun así, las empresas aseguran que las tarifas continúan por debajo de los costos operativos y advierten sobre posibles reducciones de frecuencia si no se actualizan los subsidios nacionales.

El Ministerio de Transporte informó que el sistema recibe unos 1.200 millones de dólares anuales en subsidios, pero la distribución genera tensiones entre jurisdicciones. Mientras el AMBA concentra el 70% de los recursos, las provincias del interior reclaman un reparto más equitativo. Gobernadores y empresarios del sector advirtieron que, sin una corrección urgente, podrían suspender servicios nocturnos o rurales. En Salta, Córdoba y Tucumán ya se registraron protestas de usuarios y cortes de ruta por la falta de transporte.

Los gremios, por su parte, mantienen un conflicto abierto por la pérdida del poder adquisitivo. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizó seis paros nacionales en lo que va del año y amenaza con nuevas medidas si no hay acuerdo paritario. Según el sindicato, los choferes perdieron más del 35% de su salario real desde 2023. Las negociaciones con las cámaras empresarias avanzan con dificultad, y las huelgas recurrentes afectan a millones de pasajeros que dependen del servicio para trabajar o estudiar.

La situación también golpea al transporte ferroviario, donde la falta de mantenimiento y el atraso en inversiones generan fallas y cancelaciones diarias. Los usuarios de las líneas Roca y Sarmiento denuncian demoras constantes y formaciones obsoletas. El plan de modernización ferroviaria, anunciado en 2022, avanza a paso lento por falta de financiamiento externo. Solo el 40% de las obras comprometidas están en ejecución, según un informe de la Auditoría General de la Nación.

El transporte urbano de pasajeros no solo enfrenta un problema financiero, sino también ambiental. El parque automotor de colectivos tiene una antigüedad promedio de 12 años y consume más de un millón de litros de gasoil por día. La incorporación de unidades eléctricas o híbridas es mínima y se limita a experiencias piloto en Buenos Aires y Mendoza. Los expertos señalan que la transición hacia un transporte sustentable requerirá inversiones cercanas a los 3.000 millones de dólares en los próximos cinco años.

De cara al futuro inmediato, el desafío será reestructurar el sistema sin agravar la crisis social. El Gobierno analiza la creación de una “tarifa federal de transporte” con subsidios focalizados y la digitalización del sistema SUBE en todo el país. Sin embargo, la falta de consenso político y la presión inflacionaria dificultan la implementación. La crisis del transporte, advierten los especialistas, es un reflejo de la fragilidad estructural del país: servicios esenciales que se sostienen cada vez más por inercia y cada vez menos por planificación.