La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal resolvió que Cristina Fernández de Kirchner no deberá afrontar el pago de 22.300 millones de pesos que se le reclamaban en una demanda civil relacionada con la causa Vialidad. La decisión, tomada por mayoría, consideró que sin una condena penal firme no corresponde avanzar con una sanción de este tipo, al entender que no hay elementos jurídicos sólidos para sostener la responsabilidad patrimonial de la expresidenta.

La reacción política fue inmediata. El kirchnerismo celebró la resolución y la interpretó como un freno al lawfare, mientras que sectores de la oposición cuestionaron el fallo y lo vincularon a un supuesto mensaje de impunidad. Desde el ámbito académico, especialistas recordaron que las demandas civiles contra exfuncionarios suelen ser excepcionales y complejas de sostener en ausencia de una condena penal previa.

Pese a este alivio judicial, la expresidenta aún enfrenta un escenario cargado de expedientes. La causa Vialidad continúa su curso y permanecen abiertas otras investigaciones en diferentes instancias judiciales.

En el plano político, el fallo puede revitalizar la figura de Cristina Kirchner dentro del peronismo, al tiempo que el oficialismo nacional insiste en impulsar reformas al sistema judicial. El debate sobre los alcances de la responsabilidad civil de exfuncionarios vuelve a instalarse en el centro de la discusión pública.