El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca impedir la sanción de normas sin financiamiento asegurado y establece penas de hasta seis años de prisión para los funcionarios que las apliquen.

La iniciativa, denominada “Ley de Compromiso de Estabilidad Fiscal y Monetaria”, fue girada el martes por la noche junto al Presupuesto 2026 y será analizada en las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda.

El texto establece que no podrá aprobarse un presupuesto general con resultado financiero deficitario y dispone que cualquier proyecto de ley con impacto fiscal deberá contar con un informe previo sobre su financiamiento. En el caso de proyectos del Ejecutivo, lo elaborará el Ministerio de Economía; y en los de origen legislativo, la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que prevé duras sanciones para los funcionarios que incumplan sus disposiciones: penas de uno a seis años de prisión. Además, cualquier norma dictada en violación a la ley será declarada nula.

El proyecto habilita al jefe de Gabinete a realizar ajustes para garantizar el equilibrio fiscal en caso de caídas de recursos o aumentos de gastos no previstos. Asimismo, estipula que toda norma que autorice gastos no contemplados en el presupuesto recién podrá aplicarse cuando las partidas correspondientes se incorporen en el ejercicio fiscal siguiente, salvo que tengan financiamiento específico y suficiente.