La Argentina atraviesa un nuevo período de sequía que afecta especialmente a las regiones centro y norte del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones acumuladas durante los últimos seis meses se ubicaron un 35% por debajo del promedio histórico. La situación golpea de lleno al agro, principal motor de las exportaciones, y genera preocupación por sus posibles efectos en la oferta de alimentos y el abastecimiento de agua potable en varios distritos.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que la producción de trigo podría caer un 20% respecto de la campaña anterior, mientras que el maíz y la soja también sufrirían pérdidas si no se registran lluvias importantes en las próximas semanas. En provincias como Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, los productores reportan suelos extremadamente secos y escasez de forraje para el ganado. Las pérdidas económicas ya superarían los 2.000 millones de dólares, lo que complica las proyecciones de ingreso de divisas para fin de año.

El impacto no se limita al campo. Las represas hidroeléctricas del sistema nacional operan al 60% de su capacidad por la falta de caudal en los ríos Paraná y Uruguay, lo que obliga a un mayor uso de combustibles fósiles para generar energía. Esto incrementa los costos y las emisiones contaminantes. Además, en varias provincias del norte se implementaron restricciones al consumo de agua y planes de emergencia hídrica para garantizar el suministro a los centros urbanos.

Los especialistas advierten que el fenómeno no es aislado, sino parte de un patrón climático más amplio vinculado al cambio global. La temperatura media anual en Argentina aumentó 1,1°C en las últimas cuatro décadas, y los períodos de sequía son cada vez más frecuentes e intensos. Investigadores del CONICET señalan que sin una política nacional de adaptación al cambio climático, el país enfrentará mayores riesgos para la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.

El Gobierno anunció la creación de un fondo de asistencia para productores afectados, con créditos blandos y reducción temporal de retenciones. También se trabaja en proyectos de riego eficiente y recuperación de cuencas, aunque las asociaciones rurales reclaman medidas más rápidas y coordinadas. Las provincias, por su parte, piden la declaración de “emergencia agropecuaria nacional” para acceder a mayores recursos y beneficios impositivos.

A largo plazo, los expertos coinciden en que la única solución sostenible pasa por una gestión integral del agua. Esto implica invertir en infraestructura, diversificar cultivos y proteger los ecosistemas que regulan el ciclo hídrico. Sin una planificación ambiental a escala nacional, advierten, el país seguirá oscilando entre inundaciones y sequías, con enormes costos económicos y sociales. La crisis actual, aseguran, es una señal de alarma que no puede seguir siendo ignorada.