La agricultura argentina enfrenta un escenario cada vez más complejo debido a los efectos del cambio climático. Fenómenos extremos como sequías prolongadas, lluvias torrenciales, granizadas y olas de calor están alterando los ciclos productivos y afectando el rendimiento de los cultivos. Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la variabilidad climática redujo en un 25% el promedio de rendimiento en soja y maíz durante la última década, lo que impacta de manera directa en la economía nacional y en las exportaciones.

La sequía histórica de 2022-2023 marcó un punto de inflexión para el sector. Considerada la más severa en más de 60 años, afectó a más de 180.000 productores y provocó pérdidas estimadas en 20.000 millones de dólares, según la Bolsa de Comercio de Rosario. Aunque las campañas 2024 y 2025 mostraron cierta recuperación, la incertidumbre climática se mantiene alta. La frecuencia creciente de eventos extremos genera dificultades en la planificación y obliga a los productores a tomar decisiones con márgenes de error más amplios.

El aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de lluvias también modifican la distribución de plagas y enfermedades. Cultivos como el trigo y el girasol enfrentan nuevos desafíos sanitarios, mientras que la proliferación de malezas resistentes incrementa los costos de producción. Según el INTA, el gasto en agroquímicos creció un 18% interanual en 2025, afectando especialmente a los pequeños productores que cuentan con menor capacidad de inversión y acceso limitado a financiamiento.

Frente a este escenario, la adopción de tecnologías adaptativas se vuelve imprescindible. El uso de semillas resistentes a la sequía, sistemas de riego por goteo y herramientas de agricultura de precisión están en expansión, pero su implementación es desigual. Mientras los grandes establecimientos avanzan con estas innovaciones, los productores más pequeños carecen de recursos para incorporarlas. Programas estatales y líneas de crédito específicas buscan reducir esta brecha, aunque su alcance todavía es limitado.

La diversificación productiva aparece como una estrategia clave para enfrentar la variabilidad climática. En provincias como Córdoba y Santa Fe, algunos productores están incorporando cultivos alternativos como garbanzo, sorgo y legumbres, que requieren menos agua y son más resistentes a altas temperaturas. Además, se promueve la rotación de cultivos y la incorporación de prácticas regenerativas que mejoran la salud del suelo y reducen la dependencia de insumos externos.

El impacto del cambio climático en el agro también tiene repercusiones en la economía nacional. El complejo agroindustrial representa cerca del 65% de las exportaciones argentinas, por lo que las pérdidas productivas afectan directamente la balanza comercial y la disponibilidad de divisas. En 2023, la sequía redujo en un 35% los ingresos por exportaciones agrícolas, generando presiones cambiarias y fiscales que se sintieron en toda la macroeconomía.

El futuro del sector dependerá de la capacidad de articular políticas de adaptación y mitigación a nivel nacional y provincial. Esto incluye la inversión en investigación, infraestructura hídrica y sistemas de seguros agrícolas que protejan a los productores frente a eventos extremos. Si Argentina logra integrar la sostenibilidad ambiental con la competitividad económica, podrá transformar el desafío del cambio climático en una oportunidad para fortalecer su rol como proveedor global de alimentos.