El Gobierno de Javier Milei confirmó que tras las elecciones recortará beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y ajustará el acceso a pensiones por discapacidad, cumpliendo con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. El objetivo es alcanzar un superávit fiscal del 1,6% del PBI, aunque eso implique dejar a miles de familias sin cobertura social.

Mientras el Presidente niega la crisis —llegó a decir que “si la gente no llegara a fin de mes, tendría que haber cadáveres en las calles”—, su plan económico golpea directamente a los más vulnerables. Si logra más diputados y senadores en septiembre, estos recortes se profundizarán y llegarán a más programas sociales, afectando especialmente al conurbano bonaerense.

La estrategia oficial parece clara: evitar que el costo político de estos recortes afecte el resultado electoral. Por eso, las medidas más duras se implementarían después de septiembre, cuando Milei espera ampliar su representación en el Congreso. Con más diputados y senadores propios, el gobierno podría acelerar el ajuste y extenderlo a otros programas sociales, desde subsidios a comedores comunitarios hasta prestaciones para adultos mayores sin aportes.

El impacto de este plan se sentiría con especial crudeza en el conurbano bonaerense, donde la AUH y las pensiones por discapacidad son un sostén vital para amplios sectores de la población. Economistas críticos advierten que, lejos de mejorar la situación fiscal de manera sostenible, este recorte profundizará la desigualdad y generará tensiones sociales en las zonas más pobres del país.

En un contexto de inflación persistente y caída del empleo, la reducción del gasto social se traduce en un ajuste directo sobre quienes menos tienen, contradiciendo la promesa oficial de que “el ajuste lo paga la política”. Si el Congreso le da luz verde en septiembre, el margen para frenar estos recortes será prácticamente nulo, y el golpe para las familias más vulnerables, inevitable.