En los últimos años, la situación ambiental en Argentina se ha deteriorado de manera preocupante. Los desmontes ilegales, los incendios forestales y el impacto del cambio climático se combinan con una reducción drástica del presupuesto ambiental nacional. Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2024 el Gobierno recortó hasta un 81% del financiamiento destinado a políticas ambientales, afectando programas como la Ley de Bosques y el Fondo Nacional para el Manejo del Fuego.

La deforestación es uno de los principales focos de conflicto. De acuerdo con Greenpeace, durante 2023 se perdieron más de 126.000 hectáreas de bosques nativos en provincias del norte como Chaco, Salta y Santiago del Estero. En total, desde 1998 hasta hoy, Argentina ha perdido el equivalente a toda la provincia de Formosa en superficie forestal. Gran parte de estos desmontes ocurren en zonas protegidas por la Ley de Bosques, sancionada en 2007 pero débilmente aplicada.

A esto se suma la creciente frecuencia e intensidad de incendios forestales. Durante 2024, más de 3,9 millones de hectáreas fueron afectadas por el fuego en distintas regiones del país, principalmente en Córdoba y la Patagonia. Los incendios, en su mayoría provocados o facilitados por el accionar humano, se ven agravados por sequías prolongadas y olas de calor extremas, fenómenos directamente vinculados al cambio climático.

El impacto climático no se limita al ambiente natural. En 2024, Argentina vivió su segundo año más caluroso desde que se tienen registros, con una temperatura media 0,54 °C por encima del promedio histórico, según el Servicio Meteorológico Nacional. Eventos extremos como las inundaciones en Bahía Blanca, que dejaron al menos 13 muertos, revelan la creciente vulnerabilidad de la infraestructura urbana y rural frente al clima extremo.

Mientras tanto, la contaminación del aire, el agua y los suelos sigue siendo una amenaza para la salud pública. Estudios recientes estiman que cerca de 10.000 muertes anuales en Argentina están relacionadas con la mala calidad del aire, provocada por emisiones del transporte, la agroindustria y la quema de pastizales. También se han encontrado niveles preocupantes de microplásticos en ríos y cuerpos de agua de la región pampeana y litoral.

A pesar de contar con herramientas legales como la Ley de Bosques, la Ley Yolanda (educación ambiental) y una red de 39 parques nacionales, la aplicación efectiva de estas políticas sigue siendo limitada. La combinación de desfinanciamiento, falta de control y presión de sectores económicos extractivos debilita los esfuerzos por conservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático. En este contexto, organizaciones civiles y científicas advierten que sin una respuesta decidida del Estado, el daño ambiental será cada vez más difícil de revertir.