​En un giro inesperado de los acontecimientos políticos, la reapertura de una causa judicial en Argentina contra el expresidente boliviano Evo Morales ha captado la atención nacional e internacional. La Cámara Federal de Buenos Aires decidió reactivar la investigación por presunto abuso de menores y trata de personas, tras considerar que existen indicios suficientes para profundizar en el caso. Las denuncias, impulsadas por figuras de la derecha argentina como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la Fundación Apolo, señalan que Morales habría recibido a niñas bolivianas como «obsequios» de personas que buscaban favores políticos, manteniéndolas en condiciones serviles en su residencia en Buenos Aires durante 2020.

Morales ha negado categóricamente estas acusaciones, que también enfrenta en Bolivia, donde una fiscalía solicitó su prisión preventiva por hechos similares, incluyendo la supuesta relación con una menor de 15 años. El caso boliviano ha sido reactivado en el contexto de la pugna política entre Morales y el presidente Luis Arce, ambos miembros del Movimiento al Socialismo (MAS). La reapertura de la causa en Argentina resalta la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una investigación exhaustiva, según los jueces. ​

Este acontecimiento ha generado un intenso debate en la opinión pública, polarizando aún más el panorama político argentino. Mientras algunos sectores respaldan la decisión judicial como un paso necesario para esclarecer los hechos, otros advierten sobre posibles motivaciones políticas detrás de la reactivación del caso.