A raíz del reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Javier Milei se prepara para una medida que redefinirá el esquema de subsidios a las tarifas de electricidad y gas natural. Esta medida se aplicará gradualmente y el objetivo es acelerar la reducción del gasto público y continuar con la desregulación del sistema energético.

En medio de un contexto económico complejo y con crecientes desafíos sociales, el gobierno nacional ha optado por avanzar con una reforma en los subsidios energéticos que, si bien se presenta como una estrategia de eficiencia fiscal, deja entrever una mirada poco contemplativa hacia las dificultades cotidianas de millones de argentinos. La decisión de reemplazar la segmentación actual por una única asistencia focalizada en los sectores más vulnerables excluye automáticamente a una porción significativa de la clase media, la cual, sin ser rica, también atraviesa tensiones económicas. En nombre del ajuste, se redefine el concepto de “capacidad de pago”, dejando fuera del radar estatal a quienes ya vienen realizando malabares para llegar a fin de mes.

La medida, alineada con las exigencias del FMI, deja entrever un modelo de gestión que privilegia los números sobre las personas. Bajo la lógica de la desregulación y la austeridad, se elimina el acompañamiento estatal a sectores que, si bien no están bajo la línea de pobreza, tampoco tienen garantizado el acceso sostenido a servicios esenciales como la luz y el gas. El hecho de que esta transición se presente como “gradual” no alivia las preocupaciones, ya que no se han ofrecido datos claros ni herramientas compensatorias que permitan a los hogares adaptarse al nuevo esquema sin comprometer su bienestar.

Más allá del relato oficial que promete eficiencia y sostenibilidad, esta reforma plantea una pregunta incómoda: ¿quién se hará cargo del costo social del ajuste? La exclusión de alrededor de tres millones de usuarios de los subsidios energéticos parece olvidar que la clase media también forma parte del tejido productivo y social que sostiene al país. En un escenario de inflación persistente y salarios rezagados, trasladar más cargas a este sector no sólo profundiza la desigualdad, sino que puede debilitar aún más el consumo interno y la estabilidad social.

Fuente: https://x.com/cronica/status/1911773390613938257?s=46&t=4KZ_iNw-29VIV07r4vtg3w